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Carta abierta a los diputados de la Comisión de Economía

Gijón. 16 de diciembre de 2010

Estimados señores diputados.

Comienzo esta carta con pocas esperanzas. Pocas esperanzas de que lleguen a leerla y de que, si así ocurre, hagan caso a la petición que esta carta contiene.

La petición es la siguiente:

No den su voto para la aprobación de la Ley de Economía Sostenible.

Los motivos de esta solicitud son los siguientes:

Como seguro ya conocen, este texto contiene una disposición adicional comúnmente conocida como “Ley Sinde” que fue introducida en el paquete de medidas “de tapadillo” y sin tener la menor relación con el sostenimiento de la economía de la nación.

Su aprobación elimina la actual potestad de los jueces de determinar si una página web está cometiendo un delito y por tanto debe ser cerrada. Esta potestad pasa a un comité administrativo. A grandes rasgos es como si una comisión parlamentaria fuese la encargada de determinar si alguien es un maltratador, un pederasta o un delincuente fiscal. Hurta a nuestra justicia de sus atribuciones en la materia y lo cierto es que no hay necesidad alguna de hacerlo, ya que nuestros jueces se han mostrado hasta este momento capaces y  resolutivos al juzgar estos casos. Sus sentencias están argumentadas y acordes a las actuales leyes españolas de forma que las sentencias  dictadas (absolutorias o condenatorias) habitualmente han ido siendo ratificadas en los distintos tribunales de apelación. Yo les pregunto ¿Por qué se quiere cambiar esto? Bueno… mejor pregúntenselo ustedes.

Otro de los motivos es que, como sabrán, esta ley está pensada para cerrar páginas web de descargas, pero si leen la disposición detenidamente se darán cuenta de que, en un momento dado se puede cerrar administrativamente cualquier tipo de página web.

Hoy día gran parte de los partidos que ustedes están representando tienen acuerdos y están en sintonía con el actual gobierno pero ¿Y en la próxima legislatura con el próximo gobierno? ¿Qué pasaría si sus partidos redujesen su nº de representantes, si perdiesen fuerza negociadora?, ¿Qué pasaría si desde sus páginas web se mantuviese algún tipo de mensaje que no gustase a esa  “comisión”? Recuerden que la comisión tendría la potestad de cerrar “cautelarmente” su página web. Luego podrán recurrir (o no) y se les podrá dar la razón (o no) pero durante un tiempo indeterminado su página web, su medio de comunicación en Internet, permanecerá cerrada.

Pueden pensar que esto es demasiado, que ningún gobierno se atrevería nunca a cerrar la página web del PNV, PP, Ezquerra… que sería censura política y eso es ilegal… pero ya hemos tenido un precedente de demostración de fuerza con la reciente militarización de los controladores aéreos. Si el recurso legal existe, se puede aplicar. Sin más. Y luego, “a protestar al maestro armero”.

El último motivo (y por no extenderme más) es que la reciente publicación de los famosos cables de WikiLeaks (seguro que están al corriente) desvela como esta disposición, desde su diseño, redacción, articulado e introducción en el paquete de medidas, fue tutelada por la embajada de EEUU. Aquellos políticos y funcionarios españoles que lo permitieron deberían de poder ser juzgados por traición (pero esa es “otra película”).

Señores parlamentarios, con su voto dan validez a esta injerencia de un país extranjero en los asuntos nacionales. Si aprueban sin más la ley con esta disposición, estarán demostrando que esto a ustedes y a sus partidos les da exactamente igual. En tal caso, por favor, hagan un ejercicio de valentía y un servicio a sus votantes y comuníquenselo oficialmente: “..si, nuestro partido y yo les representamos en el Congreso y el Senado, se redacten las leyes en España o en cualquier otro país que tenga poder suficiente para poner sus intereses hechos ley delante de nuestras narices”.

Según he leído, este mecanismo de aprobación de leyes se aplica o debería aplicar únicamente en “proyectos de poca importancia para aliviar de trabajo al pleno, que se dedicaría a los proyectos más importantes”. Si la Ley de Economía Sostenible es de estas características no me extrañaría que lo próximo que se aprobase por este mecanismo fuese una reforma de La Constitución.

Eviten que este despropósito se produzca. Sólo tienen que votar en contra y permitir que la ley se debata públicamente, como debe de ser.

Azpiazu Uriarte, Pedro María (GV (EAJ-PNV)) – pedro.azpiazu@diputado.congreso.es
Buenaventura Puig, María Nuria (GER-IU-ICV) – prensa.icv@gpiv.congreso.es
Colldeforns i Sol, Mª Montserrat (GS) – mcolldeforns@diputada.congreso.es
Gastón Menal, Marta (GS) – marta.gaston@diputada.congreso.es
Montoro Romero, Cristóbal Ricardo (GP) – cristobal.montoro@diputado.congreso.es
Oramas González-Moro, Ana María (GMx) – ana.oramas@diputada.congreso.es
Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU) – jsanchez@unio.cat
Tomé Muguruza, Baudilio (GP) – baudilio.tome@diputado.congreso.es

Por una red SOStenible. Hoy también, como en el 2004: Hay Motivo.

Hoy también, como en el 2004, Hay Motivo.

Hay motivo para evitar que se cometa un atropello contra los derechos fundamentales reales de todos los ciudadanos españoles.

Dos legislaturas después el gobierno salda cuentas con la industria que le apoyó con la campaña Hay motivo durante las elecciones del 2004. Porque hay deudas que difícilmente prescriben.


Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Firmado Red SOStenible

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